sábado, diciembre 13, 2014


Los barones del azúcar

Desde 2011 el Ministerio del Trabajo de los Estados Unidos ha estado investigando una denuncia sobre violaciones a las normas laborales del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), específicamente en el sector azucarero.

El responsable de la denuncia fue el padre Christopher Hartley, el mismo que por años se querelló desde su parroquia de San José de Llanos, San Pedro de Macorís, por las miserables condiciones de vida de los braceros en los bateyes de República Dominicana.

El padre Hartley fue objeto de escarnio por parte de los grupos ultranacionalistas dominicanos a todos los niveles, al punto de que fue expulsado del país como resultado de la presión sobre la alta jerarquía de la Iglesia católica.

Desde la frontera entre Somalia y Etiopía, adonde fue a parar Hartley tras su cruzada en pos de un mejor trato a los braceros, el sacerdote pidió al gobierno del principal comprador del azúcar dominicano echar un vistazo a la precariedad en que viven los trabajadores de la caña empleados por los consorcios criollos.     

El Departamento del Trabajo de EEUU decidió investigar esta denuncia de violación a las estipulaciones laborales del acuerdo DR-CAFTA y en septiembre de 2013 publicó un informe que pone los pelos de punta. El informe no sólo corrobora todo lo que el padre Hartley había estado diciendo por años, sino que identifica otras serias infracciones.

El informe establece una serie de "recomendaciones" para que el gobierno dominicano haga cumplir las leyes laborales del Tratado de Libre Comercio en el sector azucarero, además de que asigna 10 millones de dólares en "ayuda técnica" para implementar un programa que acabe con el trabajo infantil (una de las denuncias principales de Hartley) en los bateyes.

En los dos informes de seguimiento sobre este asunto por parte del Ministerio del Trabajo de EEUU (en marzo y septiembre de 2014) se destaca que la asignación de los 10 millones de dólares hubo de ser rescindida por falta de interés de las autoridades dominicanas. Asimismo, el ministerio estadounidense reafirma su compromiso a colaborar con el gobierno para atender los puntos especificados en el informe de septiembre.

Habrá que ver hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades de EEUU con esta denuncia en caso de que no se vean cambios en el panorama descrito por el padre Hartley y la comisión investigadora. Irónicamente, el responsable de velar por el cumplimiento de las normativas laborales del Tratado de Libre Comercio es el secretario de Estado para el Trabajo: Thomas E. Perez, hijo de inmigrantes dominicanos.

A pesar de los grandes intereses económicos que se mueven en esta "novela de la caña", será difícil obviar los testimonios recogidos por el padre Hartley y los evaluadores estadounidenses en cuanto a la realidad de una población significativa de trabajadores desprovista de las necesidades más básicas. Los informes relacionados a esta investigación son materia de dominio público en el siguiente enlace del Ministerio del Trabajo de los EEUU:

http://www.dol.gov/ilab/trade/agreements/dominicanrepsub.htm

Los sectores de poder en la República Dominicana se niegan a tocar ni con el pétalo de una rosa a los grandes barones del azúcar, cuyos consorcios obtienen pantagruélicas ganancias a fuerza de prácticas propias de los tiempos de la colonia. En ello se refleja el lado más ruin del capitalismo dominicano. NR

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