martes, febrero 28, 2017


En defensa de la Universidad de Puerto Rico

Llegué a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en agosto de 1989. Fui aceptado en la facultad de Administración de Empresas porque, para variar, yo no sabía lo que quería hacer con mi vida. Un año y pico duró mi confusión, hasta que una tarde una buena amiga me invitó al apartamento que compartía con su padre, profesor de la facultad de Educación. 

El facundo catedrático me convidó a sentarme en el balcón, preguntó cómo me iba en las clases, si estaba contento... Algo habrá intuido cuando la conversación se encaminó hacia temas literarios porque me pidió que lo encontrara al otro día frente a la facultad de Humanidades.

De la mano de este peculiar Virgilio que realizó por mí todos los trámites para cambiar a la carrera de Literatura Comparada empezó en verdad mi experiencia como estudiante de la mítica UPR y la vida como hasta hoy día la conozco. A la educación que recibí en ese centro de estudios, y que no fue solo libresca, le debo todo.

La UPR no era la antigua Alejandría, pero aprendí allí de sus sabios; entre ellos Luce López-Baralt, Arturo Echavarría, Susan Homar, Esteban Tollinchi, Arturo Dávila, Aracelis Rodríguez, Ada-Mari Vilar, Rubén Ríos Ávila, Lowel Fiet y Malena Rodríguez Castro. 

El magisterio de estos sabios era clásico en su afán de perfección y teutónico en su amplitud y hondura, como el que preconizaba Pedro Henríquez Ureña. De hecho, la UPR le confirió a nuestro insigne humanista el grado de doctor honoris causa en 1932, y abrió las puertas de sus aulas como educadores a otros dos gigantes de la historia intelectual dominicana: Max Henríquez Ureña y el profesor Juan Bosch.

Son legión los estudiantes dominicanos que han pasado por las aulas de la UPR en busca de formación de excelencia, particularmente en áreas relacionadas a las ciencias, ingeniería y humanidades. Esa cantera del saber especializado se halla en peligro de colapsar a causa de un inminente recorte de 300 millones de dólares a su asignación presupuestaria por parte del gobierno. Esta medida draconiana llega a solicitud de una Junta de Control Fiscal enviada por el congreso estadounidense para supuestamente balancear las finanzas de Puerto Rico, y que funciona con las mismas prerrogativas que aquella que se le impuso a la República Dominicana a principios del siglo pasado.

La crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico es severa. Son miles de millones de dólares los que debe su gobierno a acreedores afincados en Wall Street. La receta para semejante endeudamiento es semejante a la que ha caracterizado el accionar de los gobiernos dominicanos de las últimas décadas: el recurrir a empréstitos cuyas condiciones de amortización no se pueden satisfacer sin provocar más endeudamiento.

Este patrón ha tocado fondo para el gobierno de Puerto Rico, que con sus palos a ciegas intenta esquilmar la institución de educación superior que más frutos ha dado al desarrollo de la isla hermana en todos los ámbitos. Los diversos sectores que integran la Universidad de Puerto Rico (estudiantes, profesores, empleados no docentes) y buena parte de la sociedad civil han cerrado filas en defensa de la universidad pública. Con ellos habría que hacer causa común ante los jerarcas que procuran desmantelarla.

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